Un repartidor de sodas fue baleado durante un presunto robo en el barrio 17 de Octubre. El acusado asegura que le ofrecieron $200.000 para simular el asalto y facilitar el cobro de un beneficio de una ART. La Justicia mantuvo su prisión preventiva y ordenó trasladarlo a Villa Las Rosas.
Lo que comenzó como una investigación por un violento robo a mano armada contra un repartidor de sodas en la ciudad de Salta sumó un giro inesperado durante una audiencia judicial. El hombre acusado de haberle disparado al trabajador sostuvo que el asalto nunca existió como tal y que, en realidad, habría participado de un plan previamente acordado para simular un hecho delictivo. Según su relato, el objetivo era provocar una lesión que permitiera gestionar un supuesto beneficio ante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
La versión del imputado, conocido con el apodo de "Bobo", contrasta de manera directa con la hipótesis de la fiscalía, que sostiene que el repartidor fue víctima de un robo cometido por dos personas que circulaban en motocicleta. En ese episodio, el trabajador perdió dinero y su teléfono celular, además de sufrir una herida de bala que le provocó una fractura de tibia. Las dos interpretaciones del hecho fueron expuestas ante una jueza durante una audiencia de revisión de la prisión preventiva, en la que también surgió una denuncia por amenazas contra el acusado mientras permanecía alojado en la Alcaidía.
La resolución judicial, por el momento, no modificó la situación procesal del imputado. La magistrada decidió mantenerlo detenido durante otros 25 días, aunque dispuso su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas como medida de protección frente a las amenazas que manifestó haber recibido. Al mismo tiempo, ordenó que la defensa aporte elementos que permitan investigar la versión alternativa del supuesto robo simulado.
El supuesto robo al repartidor en el barrio 17 de Octubre
El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 27 de abril, alrededor de las 17.30, en una calle de tierra del barrio 17 de Octubre, en la ciudad de Salta. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, el conductor de un camión perteneciente a una empresa de sodas se detuvo durante su recorrido laboral y descendió del vehículo para orinar en un lugar de la vía pública.
Mientras se encontraba en ese lugar, apareció una motocicleta en la que viajaban dos personas. Según la acusación, uno de los ocupantes descendió del rodado, se acercó al trabajador y le exigió que entregara el dinero que llevaba consigo. Ante la situación y con la intención de evitar mayores problemas, el repartidor entregó $200.000 y su teléfono celular.
Sin embargo, el episodio no terminó con la entrega de sus pertenencias. Siempre según la hipótesis fiscal, el asaltante le efectuó un disparo que impactó en una de sus piernas, a la altura de la pantorrilla. Inmediatamente después, los dos ocupantes de la motocicleta abandonaron el lugar.
El trabajador tuvo que ser trasladado al Hospital San Bernardo, donde recibió asistencia médica. Los profesionales constataron que presentaba una herida producida por un proyectil de arma de fuego y una fractura de tibia, lesiones que reflejan la gravedad del ataque denunciado.
A partir de ese momento comenzó una investigación destinada a identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que se había producido el hecho. La pesquisa derivó posteriormente en la detención de uno de los sospechosos, quien fue acusado como presunto autor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.
Un celular encontrado durante un allanamiento, entre los elementos de la investigación
Uno de los datos relevantes que presentó la fiscalía está relacionado con el procedimiento realizado en el domicilio del acusado. Según se expuso durante la audiencia, el hombre fue detenido hace poco más de un mes, luego de un allanamiento en el que se secuestró un teléfono celular identificado como perteneciente al repartidor.
El hallazgo constituye uno de los elementos mencionados por la acusación para sostener la hipótesis del robo. La presencia del aparato en el domicilio allanado deberá ser evaluada junto con las demás pruebas incorporadas a la causa para establecer las circunstancias en las que llegó hasta ese lugar.
Sobre la base de los resultados de la investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantuviera la prisión preventiva del imputado durante 35 días. La acusación continúa encuadrada en el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, aunque la defensa introdujo una explicación completamente diferente sobre lo sucedido.
La versión del acusado: una supuesta simulación para cobrar de la ART
El aspecto más llamativo de la audiencia surgió cuando la defensa expuso su propia teoría del caso. El abogado del acusado aseguró que el episodio investigado no habría sido un robo, sino una maniobra organizada con anterioridad para simular un asalto y provocar una lesión que permitiera obtener un supuesto beneficio de una ART.
Según esa versión, unos días antes del hecho, el imputado recibió una llamada de un compañero que le habría propuesto participar en un falso robo. La tarea que supuestamente debía realizar consistía en efectuar un disparo contra una persona que, de acuerdo con lo relatado por la defensa, no quería continuar trabajando y pretendía solicitar un retiro a través del sistema de riesgos del trabajo.
La propuesta habría incluido una compensación económica de $200.000, dividida en dos pagos: $100.000 en ese momento y otros $100.000 posteriormente. Esa fue la suma mencionada por la defensa al explicar los motivos por los cuales su representado habría aceptado intervenir en el episodio.
De ser cierta esa versión, el disparo no habría ocurrido como consecuencia de un asalto espontáneo, sino dentro de una maniobra previamente acordada. Sin embargo, se trata de una hipótesis planteada por la defensa que todavía requiere ser investigada y corroborada mediante pruebas.
Durante la audiencia, el propio imputado pidió declarar ante la jueza y ratificó el relato presentado por su abogado. De esa manera, sostuvo personalmente que su participación en el hecho estaba vinculada con el supuesto acuerdo económico y no con un robo en los términos descriptos por la fiscalía.
La declaración introduce interrogantes centrales para el expediente: si existió realmente una propuesta para simular el asalto, quién habría organizado esa maniobra, qué participación habrían tenido las personas mencionadas y si existen comunicaciones, testimonios u otros elementos capaces de respaldar lo declarado por el acusado.
También deberá establecerse si hubo alguna gestión ante una ART y qué beneficio concreto se habría pretendido obtener. El planteo de la defensa, por sí solo, no acredita la existencia de una estafa ni demuestra que el trabajador baleado haya participado voluntariamente de una simulación.
Dos hipótesis enfrentadas sobre un mismo disparo
La diferencia entre las posiciones de la fiscalía y la defensa no es menor. Mientras la acusación sostiene que el repartidor sufrió un robo violento y que recibió un disparo luego de entregar sus pertenencias, el imputado afirma que la secuencia formaba parte de un supuesto acuerdo previo.
La hipótesis fiscal se apoya, entre otros elementos expuestos durante la audiencia, en la reconstrucción del episodio denunciado y en el secuestro del teléfono celular del trabajador durante el allanamiento. Desde esa perspectiva, el hecho constituye un robo agravado por la utilización de un arma de fuego.
La defensa, en cambio, intenta demostrar que las circunstancias fueron distintas y que el acusado intervino en un episodio que habría sido presentado como un robo, aunque supuestamente respondía a otro objetivo.
La nueva versión también abre una línea de investigación vinculada con el régimen de las aseguradoras de riesgos del trabajo. En Argentina, las ART intervienen en la cobertura de accidentes laborales y enfermedades profesionales, bajo las condiciones previstas por la legislación. No obstante, la eventual obtención de una prestación o indemnización requiere que se cumplan determinados requisitos y no depende únicamente de la existencia de una lesión.
Por eso, una de las cuestiones pendientes será determinar si el hecho denunciado podía estar vinculado efectivamente con alguna prestación del sistema de riesgos del trabajo o si esa explicación carece de respaldo documental. Hasta el momento, la información expuesta en la audiencia no permite afirmar que se haya iniciado un trámite, presentado una solicitud de indemnización o cobrado dinero de una aseguradora.
La investigación deberá establecer qué ocurrió realmente, más allá de las explicaciones contrapuestas que las partes llevaron ante la Justicia.
Denunció amenazas dentro de la Alcaidía para que no contara su versión
La audiencia también incorporó otra circunstancia que terminó influyendo en la resolución judicial. La defensa solicitó que el acusado pudiera cumplir la medida de coerción bajo arresto domiciliario, argumentando que había recibido amenazas mientras permanecía detenido en la Alcaidía.
Según manifestó el imputado, otro interno lo habría intimidado para impedir que contara lo sucedido. La denuncia fue presentada en el marco de la exposición de su versión sobre el presunto robo simulado y generó preocupación por su integridad personal durante la detención.
Frente a este planteo, la jueza consideró necesario adoptar medidas de protección. Aunque no concedió el arresto domiciliario solicitado por la defensa, sí ordenó que el acusado fuera trasladado inmediatamente a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas.
Además, dispuso correr vista a la fiscalía en turno para que investigue las amenazas denunciadas. De esa manera, la Justicia abrió la posibilidad de esclarecer si efectivamente existieron intimidaciones dentro del establecimiento de detención y cuáles fueron sus circunstancias.
La magistrada también ordenó a las autoridades de la Alcaidía General que, hasta que se concrete el traslado, adopten todas las medidas necesarias para resguardar la integridad psicofísica del detenido.
Seguirá detenido y la defensa tendrá 24 horas para aportar pruebas
Finalmente, después de escuchar los argumentos de las partes, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva del acusado durante 25 días. La decisión implicó conceder un plazo menor al solicitado por la fiscalía, que había requerido la continuidad de la medida durante 35 días.
La magistrada también exhortó a la defensa a presentar, dentro de las siguientes 24 horas, todos los elementos necesarios para producir las pruebas destinadas a investigar su teoría del caso. Esa disposición resulta relevante porque permitirá avanzar sobre las afirmaciones del imputado acerca de la presunta simulación del asalto.
Así, el expediente continúa abierto con dos relatos profundamente diferentes. Por un lado, un repartidor de sodas que, según la acusación fiscal, fue abordado por delincuentes, despojado de dinero y un celular, y baleado en una pierna. Por otro, un imputado que sostiene que le ofrecieron una suma de dinero para participar en un supuesto acuerdo destinado a generar una lesión y obtener un beneficio relacionado con una ART.
Por ahora, la Justicia no resolvió cuál de esas versiones refleja lo ocurrido. El acusado seguirá privado de su libertad, mientras se investigan tanto el hecho que provocó las lesiones del repartidor como las amenazas denunciadas durante su detención.