Virgina Aparicio, relacionada con el proyecto internacional SPRINT, fue desafectada del organismo luego de un sumario administrativo. El organismo argumentó la decisión, pero surgieron cuestionamientos.
La exoneración que decidió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) respecto de Virginia Aparicio, investigadora en ese organismo y del Conicet, generó polémica entre la comunidad científica y referentes ambientalistas, quienes consideran que las argumentaciones administrativas invocadas en el sumario no justifican la desvinculación.
La decisión fue respaldada por el organismo a través de una resolución oficial, pero fue cuestionada en ámbitos científicos, donde distintas organizaciones y académicos consideran que la medida trasciende una cuestión administrativa y plantean interrogantes sobre la libertad de investigación, al tratarse de una referente en estudios sobre el impacto de los fitosanitarios en el ambiente y la salud.
El caso tomó relevancia por el rol de Aparicio como coordinadora en Argentina del proyecto internacional SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea (UE) destinada a evaluar la presencia y circulación de agroquimicos en sistemas productivos, ecosistemas y poblaciones humanas.
Los argumentos del INTA
Según la resolución difundida por el organismo, la sanción se fundamentó en presuntas irregularidades administrativas vinculadas al manejo de fondos, modificaciones de protocolos, aspectos relacionados con la vía jerárquica institucional y procedimientos de análisis de información.
Entre los cuestionamientos, también se mencionan la centralización de estudios biológicos en laboratorios extranjeros y la participación de colaboradores sin designación formal en determinadas tareas vinculadas al proyecto.
La investigadora rechazó las acusaciones y sostuvo que no existen motivos que justifiquen una sanción de tal magnitud.
“No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren”, había expresado semanas atrás al referirse al proceso de exclusión.
El proyecto SPRINT y las investigaciones sobre plaguicidas
La controversia toma relevancia por el perfil científico de Aparicio y por las características de sus investigaciones.
El proyecto SPRINT fue incorporado al INTA en 2020 mediante financiamiento del programa europeo Horizonte 2020 y contó con recursos destinados al análisis de más de 200 agroquímicos presentes en distintos componentes ambientales y biológicos.
Quienes rechazan la medida, consideran que “el caso podría convertirse en un antecedente preocupante” para la comunidad científica.
Posible conflicto judicial
La investigadora había anticipado que agotaría todas las instancias administrativas antes de avanzar por la vía judicial.
Con la resolución del INTA, ese camino administrativo quedó concluido, por lo que se abre ahora un nuevo escenario legal en el que la exfuncionaria buscará revertir la decisión.
Mientras tanto, el caso generó un debate sobre el funcionamiento de los organismos científicos, la investigación pública y el equilibrio entre las controversias administrativas y la autonomía de la producción de conocimiento.