Tras las irregularidades detectadas en el padrón electoral de Aguas Blancas, la causa federal se extiende a Los Toldos, en un nuevo capítulo de la investigación, impulsado por la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, y el fiscal federal Ricardo Toranzos, para esclarecer la existencia de votantes "truchos" en un padrón que, al igual que otros municipios de la frontera con Bolivia, presenta inconsistencias.
Cabe recordar que, en Aguas Blancas, una investigación reciente ya estableció que el padrón electoral de la localidad cuenta con más de 2.000 inscripciones irregulares. De acuerdo con el censo de 2022, el municipio tiene 3.648 habitantes, pero el número de electores habilitados para votar asciende a 5.736, lo que representa un 57% más de votantes que de habitantes.
Ahora, el caso federal de Aguas Blancas abre la puerta a investigar situaciones similares: En Los Toldos, la ampliación de la denuncia de Cornejo se basa en los cuestionamientos de vecinos, quienes afirman que un equipo móvil del Registro Civil se instaló en el municipio para realizar trámites que habrían beneficiado a ciudadanos bolivianos que solo "vienen a cobrar beneficios y a llenar las urnas de votos rentados".
La situación se vuelve aún más evidente al comparar los datos. Mientras el padrón electoral de Salta capital creció un 28,1% entre 2009 y 2023, el de Los Toldos aumentó un 65% en el mismo período, alcanzando un total de 2.149 electores en 2023. La llamativa disparidad refuerza las sospechas de las autoridades, que buscan esclarecer los ilícitos y determinar las responsabilidades penales de quienes facilitaron la adulteración de los padrones y el fraude al Estado.
La problemática de los padrones irregulares en las localidades fronterizas no es nueva: Tal como recuerda El Tribuno, desde hace 14 años, existen denuncias de vecinos y exfuncionarios que advertían sobre la existencia de votantes extranjeros con domicilios falsos y la entrega de DNI a ciudadanos bolivianos. De hecho, en 2013, vecinos de Los Toldos ya habían denunciado que cerca de 300 electores, que habían cruzado desde Bolivia, sufragaron en las primarias de ese año con residencias falseadas.
Una de las principales causas de estas irregularidades se remonta al 3 de marzo de 2011, cuando el gobierno nacional prorrogó una amnistía que facilitó la inscripción de nacimientos y la obtención de DNI argentinos para personas mayores que se identificaran como miembros de comunidades originarias con el aval de dos testigos y caciques. Esta medida, con su posterior reglamentación provincial, se prestó a un aluvión de registros y entregas de documentos fraudulentos.