Walter Villegas, secretario general de la Unión de Trabajadores Viales de Salta, advirtió que la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el organismo era previsible por los antecedentes de corrupción, pero rechazó que se adopte afectando a los trabajadores.
La reciente disolución de Vialidad Nacional, formalizada por decreto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, generó un fuerte rechazo entre los trabajadores del sector. En Salta, el secretario general del gremio vial, Walter Villegas, consideró que “era previsible que esto ocurriera” por los hechos de corrupción que afectaron al organismo en el pasado, pero cuestionó con dureza la forma en que se implementó la medida.
“El Gobierno vino a poner orden, pero esta no es la manera. El empleado no tiene nada que ver con los desmanejos del pasado. Se termina castigando a los trabajadores y a la sociedad, sin que se investigue ni se sancione a los verdaderos responsables”, advirtió Villegas en declaraciones a FM Profesional.
Actualmente, el Distrito 5 de Vialidad Nacional en Salta cuenta con 189 empleados que deben mantener más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. A nivel país, la planta es de unos 5.200 trabajadores para una red vial superior a los 40.000 kilómetros. “Es una dotación baja para la dimensión del trabajo. Y aún así se decide desmantelar el organismo”, alertó.
Villegas también se refirió al decreto que crea una nueva Agencia de Control y Concesión de Servicios Públicos y Transporte, sin que se aclare el destino del personal ni el pago de las obras en curso. “No hay certeza de nada. No se sabe quién pagará los certificados ni quién se hará cargo de los proyectos ya iniciados en cada provincia. Es todo una gran incertidumbre”, señaló.
En ese sentido, desmintió además uno de los argumentos expuestos por Sturzenegger, quien aseguró que el mantenimiento estatal de rutas era más costoso que el privado. “Eso es falso. El privado cobra tres o cuatro veces más por kilómetro porque debe obtener ganancias. La administración pública es más eficiente y mucho más económica”, afirmó.
Por otro lado, Villegas advirtió que el Estado nacional dejó de enviar a las provincias los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, que deberían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales y provinciales. Y en el caso de Salta, recordó que desde la década del 90 —por una ley impulsada durante la gestión de Juan Carlos Romero— esos recursos dejaron de ir directamente a Vialidad Provincial y pasaron a las arcas del Gobierno provincial, que hoy dispone de ellos de forma discrecional.
“Esos fondos llegan, pero no van a donde deben. Si Vialidad los recibiera directamente, sabría en qué y dónde invertir. Así como están las cosas, no hay control ni transparencia”, concluyó Villegas.
