La reciente caída del pilar en el "puente viejo" del barrio Santa Lucía no representa un hecho aislado ni un accidente fortuito de la naturaleza, sino que se suma a una extensa y alarmante lista de proyectos que han presentado fallas estructurales prematuras, sospechas de sobreprecios e irregularidades administrativas heredadas de la gestión de la entonces intendenta Bettina Romero. Este nuevo episodio reabre el debate sobre la calidad de la obra pública en la capital en ese entonces y pone bajo la lupa una forma de ejecutar proyectos donde la estética publicitaria pareció primar sobre la seguridad de los ciudadanos.
La situación del puente de Santa Lucía es quizás el ejemplo más crudo de esta crisis. En el año 2020, la propia exintendenta supervisó personalmente las tareas de hormigonado, asegurando ante los medios que los nuevos pilotes de 13 metros de profundidad resolverían definitivamente problemas estructurales de tres décadas. Sin embargo, la realidad terminó por imponerse el 9 de febrero de 2026, cuando uno de los pilares cedió completamente. Según denuncian vecinos y técnicos actuales, el trabajo de profundidad se realizó únicamente en uno de los cinco pilotes, mientras que el resto de la estructura antigua solo recibió una "lavada de cara" asfáltica que ocultó la precariedad subyacente hasta que el colapso fue inevitable.
Este patrón de deterioro veloz se repite en el Puente Ayacucho, otra de las "obras insignia" que conectan con la zona sur. A pesar de haber sido inaugurado con grandes anuncios en la gestión Romero, a principios de 2025 la estructura ya mostraba grietas profundas y hundimientos en sus accesos. La causa técnica apuntó a una deficiente compactación del suelo por parte de la empresa Norte Áridos, una firma que resultó llamativamente beneficiada con múltiples licitaciones durante el mandato de Romero. Esta falta de rigor técnico no solo puso en riesgo el tránsito, sino que evidenció una preocupante falta de control estatal sobre los contratistas privados.
Fuera de la infraestructura vial, el escándalo alcanzó el corazón histórico de la ciudad con la remodelación de la Plaza 9 de Julio. Lo que debía ser una puesta en valor se convirtió en un foco de corrupción que llegó a la justicia: retrasos inexplicables golpearon al turismo mientras se imputaba a exfuncionarios y empresarios por la certificación de trabajos nunca realizados y pagos falsos. En la misma línea de irregularidades aparece el canal de la Avenida Yrigoyen; presentada como una "mega obra" hídrica para acabar con las inundaciones, la gestión de Emiliano Durand denunció posteriormente que fue abandonada inconclusa y con fallas de diseño críticas que provocaban el desmoronamiento de sus paredes, transformando una supuesta solución en una trampa peligrosa para los salteños. Hoy la nueva gestión logró repararlo y habilitarlo.