El transporte público de Salta atraviesa un momento crítico y se acerca a un posible paro que podría paralizar el servicio en toda el área metropolitana. La crisis en el transporte se profundizó tras la decisión de la UTA de ratificar medidas de fuerza si no se abonan los salarios con la nueva escala acordada a nivel nacional.
El eje del conflicto es el impacto económico del aumento salarial, que representa un costo adicional cercano a los $520 millones mensuales para el sistema. La situación del transporte se vuelve aún más compleja en un contexto de caída de pasajeros, aumento de costos y falta de subsidios nacionales.
Desde el gremio fueron contundentes: anunciaron que, si no se cumple con el pago actualizado, el paro comenzará el 8 de abril desde la medianoche. Además, denunciaron falta de diálogo con la empresa y cuestionaron a las autoridades por no ofrecer respuestas concretas en medio del conflicto.
El nuevo esquema salarial eleva significativamente los ingresos de los choferes, con sueldos que rondarían los $1.950.000 sin antigüedad. Sin embargo, la crisis en el transporte expone las limitaciones estructurales del sistema, que actualmente depende en un 60% de subsidios provinciales y en el resto de la recaudación del boleto.
En paralelo, el aumento del pasaje —que llegará a $1.450— suma tensión al escenario, en un contexto donde usuarios y trabajadores quedan en el centro del conflicto. Desde la empresa sostienen que no se trata de una negativa de pago, sino de la imposibilidad de afrontar de inmediato el incremento.
Mientras tanto, el Gobierno provincial negocia contrarreloj para evitar la paralización del servicio. Las próximas horas serán clave para definir si se logra un acuerdo o si Salta enfrenta un nuevo paro de colectivos en medio de un sistema cada vez más presionado.