El jefe de Gabinete suma más de USD 800.000 dólares entre gastos y deudas. Un docente con dedicación simple cobra $280.000 por mes. La diferencia es abismal.
El jefe de Gabinete está en el centro de las acusaciones por sus gastos siderales, que incluyen el pago de $245.000 dólares por refacciones en una mansión en el country Indio Cuá, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Además, está señalado por los gastos siderales en viajes al exterior y por la compra de otros inmuebles, de manera completamente irregular. El mismo funcionario firmó ayer una resolución por la que se reducen aun más los montos destinados a las universidades públicas. Esa decisión administrativa es parte de un ataque contra la educación superior pública que el oficialismo lleva adelante desde que llegó en diciembre de 2023.
La cifra toma todavía más dimensión si se la pone en relación con la crisis que atraviesa la docencia universitaria. Desde noviembre de 2023, los salarios perdieron un 34,5% de su poder adquisitivo, equivalente a casi ocho sueldos completos menos acumulados en apenas un año y medio. Mientras funcionarios nacionales acumulan gastos y patrimonios millonarios, gran parte de quienes sostienen la universidad pública apenas logran cubrir sus necesidades básicas.
El golpe más fuerte recae sobre las dedicaciones simples, el régimen más común en las universidades nacionales. Los salarios iniciales oscilan entre los $212.000 y $265.000 brutos mensuales, montos que quedan muy por detrás de la inflación y del costo real de vida. Incluso docentes con años de trayectoria y cargos superiores perciben ingresos que hoy resultan insuficientes para sostenerse.
El deterioro salarial ya tiene consecuencias concretas dentro de las universidades. Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de 10.000 docentes abandonaron sus cargos en el último período por la pérdida del poder adquisitivo y el ajuste presupuestario. La situación afecta no solo las condiciones laborales sino también el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas en todo el país.
En ese contexto, la comparación entre lo que gana un docente universitario y los gastos atribuidos a Manuel Adorni deja de ser solamente una provocación estadística. Expone, en cambio, una diferencia estructural entre quienes administran el ajuste y quienes lo padecen todos los días en las aulas, laboratorios y espacios de investigación de las universidades nacionales.
La nueva Marcha Federal Universitaria surge justamente como respuesta a ese escenario. Docentes, estudiantes y no docentes denuncian que el recorte sobre la educación superior no es un efecto colateral sino parte central de una política económica que prioriza el superávit fiscal mientras deteriora salarios, ciencia y educación pública. Lo que está en disputa, sostienen, es el futuro mismo de la universidad pública argentina.
Información de La izquierda Diario