El acoso del dirigente libertario de San Isidro a una compañera de trabajo quedó registrado en una cámara de seguridad. Además del acuerdo económico, enfrenta una causa penal que podría llegar a juicio oral.
Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito, y derivó en una denuncia judicial. Ahora, el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa su curso.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los escándalos políticos más resonantes de San Isidro.
El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
Consultado sobre el caso, Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, minimizó lo ocurrido al afirmar que se trató de “un chiste”, aunque la investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.