El desarrollo de una infraestructura inédita para un proyecto presentado al RIGI que tiene lugar en la provincia de San Juan enfrenta a empresarios nacionales y a los promotores de inversiones extranjeras por el impacto sobre el trabajo y la cadena de valor local.
La adjudicación del campamento Batidero para un megaproyecto de cobre en San Juan desató una controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar, desde China, una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros. Esta decisión provocó un fuerte rechazo en sectores industriales y empresariales locales, que advierten sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país.
La obra prevé la instalación inicial de 2.500 camas en el complejo habitacional Batidero, pero la dinámica de trabajo rotativo en la minería llevará la cifra a entre 3.500 y 5.000 personas. Con el avance del emprendimiento, la demanda podría escalar hasta 12.000 trabajadores, lo que requerirá ampliar el complejo a 6.000 plazas. El modelo de ciudad importada consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña, listos para su uso, equipados con mobiliario y electrodomésticos.
Las especificaciones técnicas de los módulos, fabricados por Beijing Chengdong, muestran “casas contenedor” móviles y resistentes, diseñadas para soportar condiciones extremas de la cordillera sanjuanina. El consorcio asiático cotizó la obra en 52 millones de dólares, desplazando a la empresa nacional Modular Homes que ofertó 70 millones. Esta diferencia de 18 millones representa solo el 0,01% de los 18.000 millones de dólares que implica el desarrollo completo del proyecto Vicuña.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, destacó que la decisión impacta de manera directa sobre la cadena de valor local. Según sus cálculos, fabricar los módulos en Argentina cuesta 1.300 dólares por metro cuadrado, mientras que en China el costo ronda los 500 dólares, más 200 de flete internacional. Sin embargo, Rudoni remarcó que el ahorro en la adjudicación es mínimo dentro de la inversión total y que la producción local podría haber generado al menos 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados.
El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más relevante de la historia argentina, con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para la construcción y puesta en marcha de Josemaría y contempla la expansión posterior hacia el depósito Filo del Sol. El objetivo es convertir a Argentina en uno de los principales exportadores de cobre, con 400.000 toneladas anuales durante un cuarto de siglo.
Uno de los argumentos más repetidos desde el sector empresario es la falta de igualdad de condiciones para competir con los proveedores extranjeros. Rudoni subrayó que la empresa china, además de operar con capital estatal y subsidios en origen, accedió a exenciones impositivas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Estas exenciones, según el dirigente, representan una ventaja decisiva: “Si la empresa argentina hubiera tenido el mismo beneficio de exención de impuestos, habría presentado una oferta incluso más económica”, señaló. El beneficio impositivo que otorga el RIGI se traduce en una reducción de hasta el 30% en los costos finales, lo que distorsiona la competencia y deja a la industria nacional en desventaja.
La industria local sostiene que la construcción modular en Argentina cuenta con capacidad instalada suficiente para abastecer grandes proyectos de minería y petróleo. Hay más de cien empresas especializadas en el rubro, con una alta proporción de insumos nacionales, principalmente acero y paneles de cerramiento fabricados en el país. Rudoni recordó que Ecosana, empresa que preside, construyó recientemente campamentos para 1.600 personas en el sector energético y que la industria argentina logró montar once hospitales modulares en cuarenta días durante la pandemia. Estos antecedentes, según la Cámara, desmienten el argumento de falta de capacidad local.
El impacto sobre el empleo y la cadena de proveedores es uno de los puntos más sensibles del conflicto. Al importar los módulos, la mayor parte del valor agregado y la generación de puestos de trabajo queda fuera del país. Rudoni estimó que, mientras la producción local de los módulos habría demandado más de 400 empleos directos, la importación solo requiere unas 50 personas para el montaje y la logística en San Juan. Además, la red de proveedores nacionales, que podría haber involucrado a unas cincuenta empresas, queda relegada a un papel marginal.
La controversia también alcanza a la calidad de los insumos importados. Desde la Cámara Argentina de la Construcción Modular se plantea que los módulos chinos no igualan la calidad de los productos fabricados en Argentina, especialmente en aspectos como la adaptación a normas antisísmicas y a la amplitud térmica de la cordillera. Los empresarios remarcan que el transporte de estos módulos desde China implica un costo logístico elevado, lo que históricamente motivó el desarrollo local de la industria.
El debate en torno a la adjudicación del campamento Batidero refleja el dilema entre la atracción de inversiones extranjeras y la necesidad de fortalecer el tejido industrial argentino. Si bien el RIGI busca incentivar proyectos de gran escala mediante exenciones fiscales y aduaneras, sus efectos colaterales sobre la producción interna y el empleo generan preocupación. Rudoni y otros representantes de cámaras sectoriales solicitaron una mesa de diálogo con las empresas mineras para analizar el impacto real de la importación de infraestructura y buscar mecanismos que permitan una mayor participación de la industria nacional.
El modelo de adjudicación utilizado en Vicuña no es un caso aislado. En la entrevista transmitida por Infobae en Vivo, los participantes recordaron otros ejemplos recientes de grandes licitaciones en las que proveedores locales quedaron excluidos frente a la competencia extranjera. El caso más resonante involucró la importación de caños para un gasoducto clave, en el que una empresa india desplazó a una firma nacional.
Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de la Construcción Modular, CACMI, CAPRIMSA y CAPMIN, insisten en la necesidad de revisar los criterios de adjudicación en los proyectos estratégicos. Sostienen que priorizar únicamente el precio, sin ponderar el efecto multiplicador sobre el empleo y la economía interna, limita las posibilidades de desarrollo industrial. Además, advierten que la lógica de importar soluciones llave en mano puede debilitar la infraestructura productiva nacional a largo plazo.
El campamento modular importado desde China funcionará como base de operaciones para la fase inicial del megaproyecto cuprífero. Según los impulsores, la instalación exprés y la capacidad de escalar el complejo justifican la elección del modelo asiático. No obstante, la diferencia de costos entre ambas ofertas —1.900 dólares por metro cuadrado en el caso de los módulos chinos puestos en el sitio, frente a 2.500 en el caso argentino— resulta insuficiente para los referentes locales, que cuestionan la magnitud del ahorro en relación con el impacto social y económico.
El debate sobre el derrame de las grandes inversiones en la minería argentina permanece abierto. Sectores empresarios reclaman que los beneficios fiscales otorgados a los inversores extranjeros se traduzcan en una mayor generación de empleo y oportunidades para proveedores nacionales. El futuro del desarrollo industrial y la participación local en obras estratégicas como la ciudad minera de San Juan dependerá de cómo se resuelvan estos desafíos.
Información de Infobae