Los imputados negaron o deslindaron responsabilidades. Querella mayoritaria denunció presiones de la Armada.
El viernes, el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa sostuvo que no tenía responsabilidad directa en las condiciones operativas de la nave ni en las decisiones finales sobre navegación.
El último de los imputados en declarar fue Correa, quien se desempeñó entre marzo y noviembre de 2017 como Jefe del Departamento de Operaciones, Jefe de División Operaciones, Jefe de Cargo de Navegación, Jefe de Comunicaciones y Jefe de la Central de Comunicaciones de Submarinos (CENCOMSUB) del Comandando de la Fuerza de Submarinos (COFS).
Calificó de “falsas” las acusaciones en su contra, aclaró que, como jefe de operaciones, “no estaba en la línea de comando, no puedo darle ordenes al submarino”
“No es una tarea mía el control de las tareas de mantenimiento”, insistió ante el Tribunal.
El comandante es el que decide junto a la plana mayor si el buque está operativo. Y el buque estaba operativo, apto para la navegación, declaró.
Para la abogada Valeria Carreras, que representa a 34 familias de las víctimas y es la querella mayoritaria, si bien no la invocan expresamente, “la obediencia debida” es lo que algunos imputados podrían alegar.
Todos los acusados “recitaron” parte de reglamentos de la Armada donde constan sus acciones dentro del marco de “cumplir órdenes y reglamentos”, explicó la letrada.
Es que, en su exposición, Correa explicó cuál era su rol dentro de la estructura de la Fuerza de Submarinos y aseguró que muchas de las decisiones dependían de niveles superiores de mando.
En ese sentido, remarcó que su función estaba vinculada al área operativa, pero no implicaba la determinación final sobre el estado del submarino ni su autorización para navegar.
Sostuvo que el funcionamiento de la Armada se basa en procedimientos jerárquicos y reglamentarios, por lo que cada área tenía responsabilidades delimitadas.
“Cada uno tenía funciones específicas dentro de la cadena de mando”, afirmó.
Correa insistió en que no se le puede atribuir la responsabilidad por el estado técnico del submarino, al considerar que esa tarea correspondía a otras áreas de mantenimiento y control dentro de la Armada.
En el debate se hizo foco en una comunicación telefónica entre Correa y Claudio Villamide -el capitán de navío que también está acusado- del 14 de noviembre de 2017 a las 23 y 45. Correa dijo que era habitual un llamado a su celular “cuando había problemas”.
Al declarar, el capitán de navío destituido Claudio Villamide defendió el estado operativo del buque al sostener que se encontraba en buenas condiciones de navegación.
“El submarino cumplió las normas y los requisitos reglamentarios establecidos para hacerse a la mar. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, declaró ante el Tribunal Oral Federal en Río Gallegos.
“Ni la tripulación ni nadie en el Estado Mayor, ni nadie en la Armada consideraba que el San Juan no podía navegar. No había papeles que dijeran que no podía navegar”, declaró
“Tenemos un vacío de información alrededor de las 8:45 hasta 10:51, donde se desencadenó algo que provocó la incapacitación parcial o total de la tripulación y la pérdida de control del submarino”, precisó ante el Tribunal.
Luego explicó que por alguna causa que hasta hoy se desconoce, la tripulación perdió el control de la profundidad del submarino y el submarino se fue a pique.
En algún momento, al alcanzar su profundidad colapsó y naufragó a 907 metros de profundidad. “La realidad es que no sabemos qué pasó”.
“Un déjà vu”
Para la abogada Carreras, la querella mayoritaria, lo ocurrido en el juicio “es un dejá vu del primer año del trágico hundimiento del Ara San Juan, la mentira era la única información a las familias”.
“En esta ocasión los imputados reiteran que el submarino estaba en buen estado, que tenían todo lo necesario, insisten en que no había problema alguno a bordo”
“Sabemos que para los imputados mentir es un derecho por eso no influye en la causa”
“Reiteramos que la prueba es suficiente para condenarlos. No es capricho, sino datos de la realidad. Fueron procesados en dos ocasiones, fueron juzgados y sancionados hasta la destitución por el Consejo de Guerra”, dijo Carreras.
Presiones de la Armada
“Como en aquella época notamos una injerencia y presión de la Armada, muy llamativa”, analizó Carreras a Ámbito
Explicó que durante la instrucción de la causa “personal de la armada acompañaba a los testigos a declarar a la sede judicial en Caleta Olivia”
Y ahora en el juicio, estuvo presente el auditor de la armada, el Dr Lorenzo, quien fue comisionado para presenciar las audiencias. Algo que, para la querellante es “llamativo” siendo que el juicio puede verse por YouTube.
“Consideramos que es presión lisa y llana y así lo hicimos saber al tribunal”, explicó la letrada
Luego sostuvo que como en 2018, los medios hegemónicos nuevamente se muestran silentes respecto de los familiares, pero acompañando a los imputados.
Balance positivo
“De cualquier manera el balance es positivo, porque el juicio oral vuelve a mostrar quién es quién y de qué lado esta cada actor de la sociedad”, remarcó
“Para lo que atizan la crítica de falta de una pericia, bueno es recordar los múltiples casos de condenas sin cadáver/cuerpo del delito. No olvidamos que se juzga a hombres de la fuerza que fue capaz de bombardear civiles en 1955 y de callar aún el destino de los nietos (hijos de los desaparecidos en dictadura). Frente a todo este escenario para esta querella vale la pena el juicio oral y público. Vale la pena el esfuerzo físico, económico y personal de asistir a Río Gallegos”, finalizó Carreras.
Ámbito