El juez de Salta emitió una sentencia para un grupo de siete personas acusadas de integrar una pandilla criminal dedicada al crimen organizado vinculado al tráfico de drogas, en una audiencia que estaba calificada como “histórica”. Entre los acusados estaban Cristian “El Gringo” Palavecino, señalado como el líder de la banda y el Capo de Narco más temido en la provincia, que recibió una sentencia de 28 años de prisión por diferentes crímenes.
El juez de la Cámara 1 del Tribunal de Distrito Judicial de Oran, Roxana Palomo, aprobó el acuerdo alcanzado por las partes con confesión de los acusados y reconocimiento de su responsabilidad en los hechos imputados. En ese contexto, Palavecino fue declarado culpable de “homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, un intento de homicidio de doble calificado, asociación ilícita, robos a mano armada en la ciudad y la banda, privación ilegítima de libertad, amenazas, posesión de armas y lesiones, entre otros”.
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“Todos estos hechos fueron acreditados en cinco causas acumuladas, y se enmarcan en el funcionamiento de una estructura criminal organizada, con la división de tareas y la participación de menores”, revelaron en la oficina del público (MPF), que en el caso estaba representado por los fiscales Claudia Carreras, Soledad Filtrín y Daniel Espilocin.
Además del líder del grupo, su hijo Brian Gabriel Palavecino y otros cuatro hombres y una mujer mencionadas como miembros de la misma: Delphor Rogelio Sandoval, Javier Antonio Romero, Carlos Esteban Lami, María Haydée Torres y Julio Antonio Tolaba, fueron sentenciados.
En sus causas, hubo sanciones de una prisión efectiva a condenas condicionales, pero las fuentes judiciales no dieron el detalle exacto de la cantidad y el modo de cada uno.
El MPF celebró esta audiencia como “histórica para la lucha contra el crimen organizado en el norte de la provincia” y dijo que las condenas alcanzadas fueron el resultado de “una investigación compleja, sostenida y coordinada por la unidad fiscal de litigios estratégicos contra el crimen organizado del norte, que logró reunir evidencia contundente” para llegar al ensayo abreviado.
Este tipo de procedimiento legal simplificado permite resolver un caso penal más rápido que un juicio oral y público tradicional, a través del cual los acusados aceptan su culpa a cambio de una penalización reducida y la renuncia al debate oral.
Según la información que surge de la investigación, los acusados cometieron una “gama de eventos violentos” que afectaron a las víctimas y empresas individuales en la zona del norte de Salta. Entre ellos, hicieron robos a mano armada, secuestros de extorsión y perpetuaron “agresiones físicas con armas, amenazas y homicidios”.
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La capacidad de dañar y la estructura con roles delimitados de los miembros de la banda podría determinarse después de que las autoridades accedieron al teléfono celular Palavecino, donde encontraron abundante información. Los “soldados” armados con rifles, inhibidores de la señal, chalecos, máscaras y dispositivos de comunicación fueron algunos de los equipos que formaron parte de su logística.
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El “Gringo”, que en 2024 se convirtió en parte de la lista de los prisioneros más peligrosos del país, había sido transferido de la prisión de Villa Las Rosas a la prisión de Ezeiza. Allí están detenidos nombres “pesados” dentro del crimen organizado, como el Narco Rosarino Estan Capo Lindor Alvarado y el “Rey de Efedrina” llamado así, Mario Segovia.
Palavecino, considerado jefe de una banda de sesgos que responden a Raúl “El Coya” Rojas, sindicado como el líder de una organización dedicada a la trata de narcóticos, fue un fugitivo desde 2017 y fue capturado en octubre de 2023. En ese momento fue acusado por la privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y lesiones y heridas, una calificación que se agregó a los casos criminales.
El fallo judicial identificó al menos nueve víctimas directas de la organización encabezadas por Palavecino, entre los cuales se encontraban ataques a viviendas y tiendas, como la compañía frutihortícola Abra del Sol. Compaía había sido agredida en 2022 por un grupo que tomó 160 mil dólares y 13 millones de pesos de sus instalaciones.
Además, los investigadores detectaron que el teléfono celular contenía 1.400 fotos y videos vinculados a causas judiciales de orán, que se interpretó como una tarea de inteligencia exhaustiva. El año pasado, cuando se celebró el juicio por el homicidio del asesor político Darío Mongas, en una de las grabaciones de audiencias tomadas por la organización de los ahora condenados en el que fue visto consultándolo por personas con diferentes puestos relevantes en la provincia.
