La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores que el jefe de Gabinete ingresará al directorio para ocupar el lugar que dejó vacante Guillermo Francos. Renunció a sus honorarios, por lo que será un cargo ad honorem.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá como miembro del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según lo informó la petrolera este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De esta manera, ocupará el lugar que dejó vacante Guillermo Francos como Director Titular clase A con Acción de Oro. Esto significa que tendrá el poder especial de veto en determinadas decisiones estratégicas.
En la misma comunicación, se informó la renuncia de los Directores Titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, en ambos casos "por razones de estricta índole personal". Serán reemplazados por Francos y el exdiputado del PRO Martín Maquieyra.
Maquieyra es Magister en Gestión en Gas y Petróleo y ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, cuando ocupó su banca entre 2017 y 2025. Además, el pampeano fue clave durante el debate de la Ley de Bases, que un tercio de su articulado reformaba normativas sobre la energía, porque fue un negociador primordial entre el oficialismo y la oposición para que el gobierno pueda obtener su aprobación.
Además, YPF anunció que Adorni "ha comunicado la renuncia de sus honorarios", por lo que ejercerá el cargo de manera ad honorem y solo percibirá el sueldo que le corresponde como jefe de Gabinete que suma unos $5.9 millones brutos. También señaló que "los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas".
En abril del año pasado, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un presupuesto de $11.096.174.942 para cubrir los honorarios del Directorio. Esto significa que cada una de las autoridades cobra unos $75 millones mensuales.
El desembarco de Adorni forma parte de una serie de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei dentro de las autoridades de la firma que lidera Horacio Marín. Tras la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicas las modificaciones a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York.
Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender el proceso de búsqueda de activos embargables
El Gobierno presentó un pedido formal ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York Loretta Preska, para que se suspenda el proceso de discovery y la moción de desacato promovida por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. La solicitud fue elevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que denunció un uso abusivo del mecanismo judicial.
En el escrito, el Estado argentino sostuvo que los requerimientos de información impulsados por los beneficiarios del fallo “se han vuelto intrusivos y desproporcionados” y que ese accionar constituye un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano”, con impacto directo sobre la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas.
El discovery es la etapa del proceso que habilita a los demandantes a solicitar información para identificar eventuales activos embargables con el objetivo de ejecutar la sentencia. Desde la Procuración recordaron que, a diferencia de lo ocurrido durante gestiones anteriores, cuando la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, desde diciembre de 2023 el país cumplió de manera plena con todas las obligaciones impuestas por el tribunal
Según el planteo oficial, el Estado realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar la información requerida, con un volumen de documentación “sin precedentes”. Sin embargo, advirtieron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes profundizaron sus reclamos y avanzaron con pedidos cada vez más alejados del objeto original de la causa.
En ese marco, la Procuración señaló que Burford Capital intensificó la presión judicial mediante una moción de desacato y solicitudes de información vinculadas a las reservas de oro del Banco Central. Al respecto, el Gobierno remarcó que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser objeto de embargos ni de requerimientos de ese tipo.
Para el Estado argentino, el proceso de discovery “se ha desnaturalizado” y se transformó en una herramienta destinada a obstaculizar el normal funcionamiento del país. En el escrito también se citó que los demandantes manifestaron de manera explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica.
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles, en cada instancia judicial, para defender la soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios a la Constitución y al derecho internacional.