El decreto con el que promulgó la Ley de Emergencia Pediátrica sin financiamiento oculta otro ajuste del Gobierno. "Enfrenta derechos para legitimar el abandono", denunciaron las organizaciones. Con el Presupuesto 2026, la Dirección de VIH tendría una partida 58% menor.
El presidente Javier Milei justificó su ajuste al mayor hospital pediátrico del país y el incumplimiento de la ya sancionada Ley de Emergencia Pediátrica bajo el argumento de que se verían afectados "programas esenciales como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual". El decreto promulgatorio, cuestionado por trabajadores y pacientes del Hospital Garrahan, esconde otra trampa: la "preocupación" del Gobierno por la realidad de los pacientes de VIH choca la "política de abandono" que vienen imponiendo, en palabras del sector. Las decisiones del Gobierno en materia de salud para los más chicos y los pacientes de VIH se revelan así como una verdadera mamushka de políticas regresivas, que afectan a miles de personas.
"El Estado no está eligiendo entre infancia y VIH: está ajustando en ambos frentes, enfrentando derechos entre sí para legitimar el abandono. Y frente a eso, la respuesta debe ser colectiva", subrayó a El Destape José Di Bello, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). El informe que presentó la organización en septiembre a la Directora de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, en base a los mismos datos oficiales del Presupuesto 2026, alertó que la advertencia incluida en el Boletín Oficial ya es una realidad, porque ya está en marcha ese recorte y el escenario empeora a futuro.
No solamente el Gobierno libertario recortó al 40% de la planta de la Dirección de VIH y ETS, sino que el proyecto de Presupuesto 2026 que se discutirá prevé una partida 58% menor, lo que se traduce en 7.670 personas sin atención, 3.403 personas con turbeculosis que quedarían sin tratamiento y el recorte de 23 millones de preservativos en medio de un aumento exponencial de sífilis y otras ITS, en comparación a 2023.
"El Estado decide no prevenir, no diagnosticar, no tratar poniendo en riesgo la Salud y la Vida de miles de personas vulnerando sus derechos. Este proyecto de presupuesto agrava la crisis sanitaria y condena a la exclusión a quienes más necesitan del sistema público", alertó también el informe sobre el incumplimiento del Gobierno