El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, resolvió desplazar de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial tras detectarse un fraude millonario en la Armada mediante maniobras sistemáticas de cobros indebidos. En consecuencia, dispuso de inmediato su pase a disponibilidad.
Desde el Ministerio de Defensa precisaron que los nueve uniformados quedaron sin funciones operativas y enfrentarán un sumario bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
La medida institucional se adoptó a raíz de las maniobras detectadas internamente y corre por un carril independiente del expediente que ya tramita en la Justicia Federal.
De esta manera, la separación preventiva busca garantizar la transparencia administrativa mientras avanza la causa penal por defraudación contra la administración pública.
La fuerza naval radicó una denuncia por un desfalco inicial de al menos $938 millones de pesos concretado mediante 645 transferencias irregulares entre julio de 2022 y enero de 2026. El esquema compromete de base a 23 oficiales, aunque la cifra global podría trepar hasta los $1.600 millones.
El alcance de las sanciones internas
El pase a disponibilidad contemplado en la Ley de Personal Militar fija el cese provisorio de tareas por un lapso de hasta un año. La medida no supone todavía una degradación formal, pero busca apartar a los sospechosos mientras se sustancia el sumario disciplinario.
En caso de confirmarse las faltas gravísimas dentro del proceso castrense, la sanción administrativa máxima contemplada puede alcanzar la destitución definitiva.
Tras los arqueos internos que destaparon las inconsistencias, tomó intervención el Juzgado Federal N° 2 para determinar las responsabilidades penales de los agentes involucrados.
La presentación judicial la encabezó Carlos Alberto Castro Maggio, director de Administración Financiera de la Armada, luego de constatar en febrero de 2026 suplementos salariales injustificados otorgados a cinco agentes.
El escrito judicial detalla que durante casi cuatro años se ejecutaron 645 giros espurios a 23 personas por un total histórico de $981.148.567,88, con montos que superaban ampliamente los haberes reales o carecían de respaldo documental.
La maniobra técnica para adulterar registros
Las auditorías técnicas cotejaron liquidaciones, recibos oficiales y lotes remitidos al Banco Nación, donde se comprobó que se modificaban archivos informáticos manualmente tras los controles y antes de la acreditación bancaria. Posteriormente, los valores se restablecían al estado previo para no dejar huellas en los recibos.
Frente a la gravedad del hecho, desde la fuerza fijaron postura oficial: “La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada Argentina. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley”, remarcó la Armada Argentina mediante un comunicado.
El esquema delictivo no respondía a fallas aisladas: se camuflaba dentro de la liquidación mensual de más de 24.000 agentes. Asimismo, se detectó que cuatro civiles sin relación con la fuerza percibieron 184 pagos indebidos por $434.200.718,04 (un 44,25% del desfalco), figurando entre ellos María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana y Amalia Cristina Díaz.
En el caso de María del Carmen Prieto, quien cobró $152.259.495,86, se confirmó que es la esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como titular del Departamento Revista.
En el sumario previo, Ariel Baltasar Atanasoff admitió haber realizado las cargas manuales de manera directa para beneficiar a sus allegados, asegurando que actuó de forma individual y sin intervención de terceros.
Las pericias destaparon más irregularidades cruzadas: Roberto Eduardo Castro cobró sueldos en el país mientras prestaba servicio rentado en el exterior, al tiempo que su pareja, Luana Magalí Piedigrossi, percibió haberes indebidos mientras gozaba de una licencia sin goce de sueldo.
Hasta el momento se logró el recupero de $42.574.267,63, quedando un saldo pendiente de $938.574.300,25, mientras las autoridades reforzaron los controles informáticos e incautaron los equipos comprometidos.
Información de cuestión entrerriana