Para esto, la nueva norma promovida por la Casa Rosada y sancionada este jueves por el Senado, introduce profundas reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación al modificar artículos clave como el 679, 680, 684 bis y 686 bis, entre otros. A partir de ahora, la ley establece que, antes de iniciar una demanda, el dueño debe intimar al ocupante y darle al menos diez días corridos de plazo. También permite que la orden judicial de desalojo autorice el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras.
Tras la votación, la organización Inquilinos Agrupados denunció públicamente la medida al sostener que habilita el "desalojo masivo sin juicio previo de inquilinos urbanos y comunidades rurales", al tiempo que compartió una foto con los legisladores que respaldaron la medida.
El impacto de la crisis económica y los indicadores habitacionales
La aprobación de este régimen de desocupación rápida se produce en un escenario socioeconómico marcado por el deterioro del poder adquisitivo y el incremento de la precariedad en el acceso a la vivienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional Inquilina realizada en junio de 2026, el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en situación de emergencia habitacional, al acumular en forma simultánea sobrecarga del costo del alquiler, deudas y riesgo de mudanza.
El relevamiento señala que el 48,5% de las familias locatarias destina la mitad o más de sus ingresos salariales al pago del alquiler, situación que derivó en que un 20% debiera afrontar mudanzas forzosas por imposibilidad financiera. El sobreesfuerzo económico impactó severamente en los niveles de endeudamiento:
- El 72,9% de los hogares inquilinos tiene deudas activas.
- El 55,3% de esos hogares se endeudó para comprar alimentos.
- El 47,4% de los encuestados recurre a más de un empleo para poder pagar el alquiler.
Por su parte, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al primer semestre de 2026 muestran la enorme porción de la población a la que afecta esta medida, ya que reflejan que, sobre un universo de 31 aglomerados urbanos, el 20,9% de los hogares revista en condición de inquilino o arrendatario, lo que representa a 2.144.000 hogares y 5.522.000 personas.
La desprotección de este grupo social converge con una pronunciada contracción de la actividad productiva y el empleo formal. Según un informe del centro de estudios Fundar, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 el país registró una pérdida neta de 32.429 empresas empleadoras, lo que equivale a una caída del 6,3% en el total de firmas. Se trata de la reducción porcentual más elevada para los primeros 33 meses de un mandato presidencial desde que existen registros comparables en 1996.
Patentes: aval del Senado y alerta por los medicamentos
Durante la misma sesión legislativa, el Senado aprobó por 47 votos a favor y 22 en contra la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), norma solicitada por el gobierno de los Estados Unidos. En el debate, los legisladores del oficialismo argumentaron que la ratificación implica que "la Argentina abraza la previsibilidad jurídica" y promueve la economía del conocimiento, sectores de la oposición objetaron la medida.Mientras que, por su parte, el senador del peronismo José Mayans sostuvo que "esto es un tratado de libre comercio donde la Argentina le levanta aranceles a 233 productos de Estados Unidos" y advirtió sobre el perjuicio para la producción local de medicamentos genéricos, al tiempo que el senador del mismo espacio Jorge Capitanich remarcó su preocupación por el "aumento estrepitoso del precio de los medicamentos" en el marco de la crisis sanitaria y económica de las familias.

