En términos de femicidios directos y vinculados de mujeres y niñas, el informe detalla 144 casos, a los que se suman 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, totalizando 169 víctimas en esta categoría. El 64% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 42,2% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima (el 22% en la vivienda compartida). Al menos 203 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos, de los cuales el 57% son menores de edad.
Las cifras desagregadas muestran que las víctimas de femicidio tenían entre 31 y 50 años en su mayoría (68 casos), seguidas por el grupo de 19 a 30 años (33 casos). Por su parte, los femicidas también se concentran en la franja de 31 a 50 años (60 casos). El 44% de las víctimas fue apuñalada y el 37% recibió al menos un disparo. En ese marco, el 53% de los femicidas eran parejas y el 18% eran conocidos o vecinos de las víctimas.
En cuanto a las tentativas de femicidio (349 casos), el 53% de los agresores eran parejas (177) y el 45%, exparejas (157). El 55% de los ataques se produjo en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, y las lesiones por golpes fueron la modalidad más frecuente (173 casos).
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de intentos (96), seguida por Santiago del Estero (41), Santa Fe (23) y Salta (20).
La falta de denuncias y la ineficacia del sistema
El informe revela un dato preocupante: solo el 16% de las mujeres que sufrieron intentos de femicidio y el 13,9% de las víctimas fatales habían realizado una denuncia previa. Esto indica que la mayoría de las víctimas no había denunciado a su agresor, no por la ausencia de hechos de violencia sino por las barreras de acceso a la justicia y el temor a la revictimización. Además, un total de 10 femicidas tenían una medida cautelar de prevención dictada, lo que demuestra que las medidas judiciales fueron insuficientes para proteger a las víctimas.
Por su parte, en relación a los victimarios, el documento detalla que un total de 26 femicidas se suicidaron después de cometer el crimen y que 7 de ellos pertenecían o habían formado parte de las fuerzas de seguridad en algún momento de su vida. Asimismo, señala que 14 víctimas se encontraban en contexto de narcocriminalidad, 13 tenían indicios de abuso sexual y 4 estaban embarazadas.
El contexto político y el reclamo de las organizaciones
El informe se da a conocer en un contexto político donde el presidente Javier Milei declaró que -durante sus años de gestión- "pulverizaron la violencia contra la mujer", una afirmación que las organizaciones feministas rechazan de plano. La Casa del Encuentro denuncia que el gobierno "legitima la violencia con discursos misóginos y de odio" y que el desmantelamiento de políticas públicas de prevención profundiza la crisis. Además, señalan que la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra es una provocación que busca instalar el falso argumento de que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es la causa de la baja de la natalidad, desviando la atención de la falta de gestión y cumplimiento de las leyes vigentes.
Las organizaciones exigen el cumplimiento efectivo de leyes como la 26.485 (Violencia de Género), la 27.499 (Ley Micaela) y la 27.452 (Reparación Económica "Brisa") y advierten que la discusión impulsada por la senadora Losada sobre el aumento de penas por "falsas denuncias" genera un efecto inhibitorio en las víctimas. "No hay denuncias falsas. Faltan denuncias", sostienen desde el observatorio. El caso de Cerimedo, exasesor de Milei, investigado por intento de femicidio en Bolivia, es un ejemplo de la violencia machista que atraviesa también a los círculos del poder.
"Nuestras vidas están en peligro y el Estado es responsable", concluye el informe, que reafirma el reclamo histórico: "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos".
Información de El Destape