La Fiscalía de Rosario de Lerma analiza celulares de una agente para determinar si realmente tenía contactos de alto rango dentro de la Fuerza.
La investigación por los presuntos "acomodos" dentro de la Policía de Salta suma nuevos elementos. La situación de la agente policial investigada parece cada vez más difícil de sostener.
Al menos tres efectivos de la fuerza ya denunciaron que habrían entregado dinero con la expectativa de conseguir determinados beneficios dentro de la institución: cambios de destino, licencias, puntajes o traslados que les permitieran acceder a lugares más convenientes.
Según la información conocida hasta ahora por El Tribuno, el dinero involucrado rondaría los 2,5 millones de pesos, entre estos tres casos, aunque los investigadores no descartan que la cifra pueda ser superior a medida que avance el análisis de los teléfonos secuestrados.
La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Alejandro Escalante, analiza los mensajes y conversaciones que surgieron de los teléfonos vinculados con la investigación. En esos intercambios, la mujer habría mencionado a funcionarios y efectivos de distintos rangos de la Policía, además de presumir de supuestos contactos que, según decía, podían facilitar determinados movimientos dentro de la fuerza.
Incluso habría hecho referencia a policías que supuestamente consiguió "acomodar" o ayudar a ubicar en determinados destinos. Pero una cosa es decir que se tienen contactos y otra muy distinta es tenerlos.
Esa diferencia es precisamente la que ahora deberá establecer la investigación. La Justicia intenta determinar si la agente utilizaba nombres de superiores y funcionarios para construir una imagen de poder que le permitiera convencer a sus compañeros de que tenía capacidad real para gestionar cambios dentro de la institución, o si detrás de esas afirmaciones existían contactos con integrantes de la estructura policial.
Una misma promesa
Otro dato que comienza a tomar relevancia es que los hechos denunciados habrían ocurrido entre septiembre y diciembre del año pasado, mientras que las denuncias comenzaron a formalizarse recién durante este año, desde julio en adelante.
Los casos conocidos hasta ahora tienen además un punto en común: los denunciantes serían efectivos que eran compañeros en la misma dependencia donde trabajaba la agente investigada. O sea, que se aprovechó del vínculo laboral cercano y el conocimiento de la historia de vida de cada uno de los fabulados.
Mientras la Fiscalía avanza con el análisis penal, la propia Policía, a través de la Jefatura y del Ministerio de Seguridad de la Provincia, ya tomó medidas dentro de la estructura y dispuso cambios. La institución también puso a disposición de la Fiscalía los elementos necesarios para que se determine qué ocurrió.
La agente permanece suspendida y sin el arma reglamentaria, mientras Asuntos Internos desarrolla su propia investigación administrativa. Pero los movimientos registrados dentro de la conducción policial alimentaron una pregunta inevitable: ¿por qué una agente de bajo rango podía hablar con tanta seguridad de supuestos contactos y movimientos en la fuerza?
Los celulares
El contenido de los teléfonos será determinante para saber cuánto había de realidad y cuánto de ficción en las afirmaciones de la agente. Si era parte de una red interna o simplemente una fabuladora. Los mensajes podrían permitir establecer con quién hablaba, a quién mencionaba, qué gestiones decía realizar y si existía vínculo concreto con funcionarios o integrantes de mayor jerarquía.
Información de El Tribuno