El cierre de la finca Karina —clave en el contrabando entre Salta y Bolivia— ha generado descontento entre pasadores locales, que ahora enfrentan la “carencia de sustento” y amenazan con reclamos y cortes de ruta.
Según informó el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán en Aries FM, la clausura del lugar, que representaba el 90 % del flujo de contrabando en la zona, dejó expuestas varias prácticas ilegales, como el uso de gomones, que además dejaron de estar permitidos por Nación.
En ese marco, Zigarán sostuvo que mantuvo conversaciones con pasadores bolivianos sobre la situación: les explicó que el uso de gomones fue prohibido en Bolivia hace casi un año y les propuso elevar una solicitud formal a Nación para instalar un “puesto 28” dentro del pueblo, con el fin de regularizar los pasos.
Además, aseguró que, aunque el Plan Güemes depende de fuerzas federales, desde la gestión local aportan su opinión sobre procedimientos como decomisos o controles.
Para reforzar la seguridad vial y migratoria local, Zigarán firmó un convenio con el Ministerio de Seguridad provincial: Policía Vial podrá ahora realizar controles, labrar infracciones, capacitar al personal de tránsito y reorganizar el tránsito ante el aumento del flujo fronterizo.
Este cierre judicial se concretó tras una investigación federal que reveló en la finca Karina una “aduana paralela”, con peajes ilegales, puestos de comida, embarcaderos improvisados y circulación intensa de gomones y vehículos cargados de contrabando.
