Este lunes, en el Complejo Polideportivo Municipal de La Merced, se desarrolló la audiencia pública convocada para analizar la readecuación tarifaria solicitada por SAETA S.A., en el marco de la Ley N° 7322.
La instancia reunió a representantes institucionales, legisladores, concejales, organismos de defensa del consumidor y usuarios del sistema de transporte. De las 25 personas inscriptas, 17 tomaron la palabra en una jornada que, según las autoridades, permitió escuchar “todas las voces” involucradas en el funcionamiento del servicio de transporte metropolitano.
El eje del debate giró en torno al pedido de incremento del boleto, que pasaría de $1150 a $1486. El presidente de SAETA, Claudio Mohr, justificó la solicitud en el aumento sostenido de los costos operativos, la suba del combustible, las exigencias salariales y la quita de subsidios nacionales. En ese sentido, Mohr planteó una crítica al esquema de financiamiento del transporte a nivel país: “No solo contribuimos para el transporte en Salta, de los salteños, sino que también aportamos con impuestos a servicios que solo quedan en el AMBA”, sostuvo, en referencia a la histórica asimetría en la distribución de subsidios.
Reclamos por el servicio
Más allá del precio del boleto, la audiencia expuso demandas estructurales vinculadas a la calidad del servicio. El titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, señaló que entre los principales planteos surgieron pedidos de mejora en las frecuencias en el Valle de Lerma, mayor accesibilidad en las unidades para personas con discapacidad y la ampliación del recorrido del corredor 5. Este último punto apunta a mejorar la conectividad con la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica, en una región con fuerte presencia estudiantil que depende del transporte público.
Una audiencia no vinculante pero necesaria
Por su parte, el defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, valoró la instancia de participación, aunque cuestionó su carácter no vinculante. “Lamento que las audiencias no fuesen vinculantes”, expresó, al tiempo que remarcó que estos espacios permiten incorporar demandas concretas de los usuarios.
El funcionario destacó que discusiones previas ya tuvieron impacto en la modificación de recorridos intermunicipales, particularmente en zonas del Valle de Lerma donde la demanda estudiantil es significativa. Sin embargo, planteó que el debate de fondo excede el valor del boleto: “El punto central es quién presta el servicio y cómo se garantiza su equidad”, afirmó.