En los últimos cuatro meses ingresó una cada dos días por construcciones irregulares, nuevas alambradas, instalación de carteles que indican propiedad privada y cambio de uso del suelo.
Desde diciembre de 2020, cuando el Juzgado en lo Civil y Comercial de Décima Nominación dictó una medida de no innovar con la que prohibió toda obra de construcción, ingreso de materiales, introducción de ganado o extracción de áridos en la reserva de Finca Las Costas, la administración del área protegida y su cuerpo de guardaparques radicaron más de 300 denuncias por incumplimentos de la cautelar.
Estas presentaciones originaron en el Ministerio Público Fiscal investigaciones penales, con imputaciones por desobediencia judicial e incluso cargos por ofrecimientos, transferencias y ventas ilegales de parcelas del dominio público provincial, con una condena ya dictada por estelionato.
Según pudo confirmar ayer El Tribuno, solo en los últimos cuatro meses se sumaron más de 50 denuncias (una cada dos días), principalmente por construcciones, nuevos alambrados, instalación de carteles que indican propiedad privada y cambio de uso del suelo.
Ubicada al oeste de la ciudad de Salta, Finca Las Costas es una Reserva de 10.500 kilómetros de la que depende el abastecimiento de agua potable de más de una tercera parte de la población del área metropolitana. Está declarada desde 1995 como Reserva Hidrica Permanente e Intangible. El cinturón ecológico que la rodea fue incorporado en 2007 como Reserva Natural de Uso Múltiple. Se estableció de ese modo una categoría de manejo que contempla usos compatibles con su régimen de protección ambiental.
Incorporada al Sistema Provincial de Areas Protegidas, no tiene red cloacal y sus suelos permeables hacen sus fuentes hídricas proclives a contaminación ante el avance de construcciones no autorizadas, asentamientos irregulares y actividades incompatibles con su protección.
En 2020 la Provincia presentó una acción de amparo ambiental que se tramita ante el Juzgado a cargo de María Guadalupe Villagrán. En diciembre de ese año la jueza dictó una cautelar que rige hasta hoy. La medida fue notificada y publicitada con carteles instalados en todos los accesos de la reserva. Sin embargo, muchos la incumplieron como demuestran informes, fotografías y tomas satelitales comparativas del período 2020-2025.
Con los elementos aportados por organismos competentes, el Juzgado libró semanas atrás más de un medio centenar de intimaciones con las que ordenó a quienes desobedecieron la resolución judicial restablecer las cosas a su estado anterior en un plazo perentorio. Este, según miembros de comunidad Lules, que tendría a una treintena de familias apercibidas, expiraría el 28 de octubre. Otras fuentes indicaron que las intimaciones se cursaron con un plazo de 90 días.
En lo sustancial, el presidente del Comité de Gestión de la Reserva, Nicolás Zenteno Núñez, afirmó que una vez vencido el plazo "se procederá a cumplir con lo dispuesto por la jueza". Un informe que publicó ayer este diario mostró que detrás de las pujas territoriales y posesorias, en los últimos cinco años avanzaron dentro del área protegida decenas de obras irregulares, entre las que resaltan 21 edificaciones residenciales.
En este punto, Zenteno Nuñez recalcó que "Finca Las Costas no tiene dueños particulares", porque es un bien público provincial. "El suelo, el agua y los bosques son y seguirán siendo de todos los salteños", afirmó, tras adelantar que antes de fin de año estaría completado el Plan Integral de Manejo de la Reserva para el próximo decenio.