La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de ampliar los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las empresas del interior continúan sin recibir una asistencia equivalente. Desde Salta advierten sobre las desigualdades en la distribución de los recursos nacionales.
La distribución de los subsidios al transporte público volvió a generar polémica entre el Gobierno nacional y las provincias. Este lunes 16 de noviembre, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) expresó su rechazo a la ampliación de las compensaciones económicas destinadas a los colectivos de Buenos Aires y advirtió que la medida profundiza las diferencias con el interior del país.
La entidad empresarial denunció una discriminación persistente hacia los servicios urbanos provinciales y cuestionó que las empresas deban afrontar obligaciones laborales, salariales y operativas similares a las del AMBA, pero sin contar con un sistema de financiamiento equivalente.
Salta también reclama una distribución más equitativa
La discusión tiene especial relevancia en Salta, donde el Gobierno provincial debió asumir con recursos propios una mayor parte del financiamiento del transporte público después de la eliminación de las compensaciones nacionales para los servicios urbanos del interior.
El gobernador Gustavo Sáenz ya había cuestionado, a principios de noviembre, la distribución de los fondos nacionales y reclamado un criterio más federal para sostener el servicio.
Desde el Ejecutivo salteño señalaron que el AMBA recibe importantes transferencias para financiar el transporte, mientras las provincias deben afrontar mayores responsabilidades presupuestarias para mantener las tarifas y garantizar la continuidad de los colectivos.
Los impuestos se pagan en todo el país, pero los subsidios no se distribuyen de la misma manera
Uno de los principales cuestionamientos de FATAP está relacionado con el origen de los recursos destinados a financiar las compensaciones.
La federación recordó que parte del financiamiento del sistema nacional proviene del impuesto a los combustibles, que pagan los ciudadanos de todas las provincias cada vez que cargan nafta o gasoil.
Por ese motivo, la organización considera que no existe una justificación razonable para reconocer necesidades de asistencia económica a determinadas empresas por su ubicación geográfica y mantener un tratamiento diferente para los prestadores del interior.
¿Qué consecuencias puede tener para los usuarios salteños?
Las diferencias en el financiamiento plantean un desafío para los sistemas provinciales de transporte.
Cuando los recursos nacionales son insuficientes, las administraciones locales deben decidir cómo afrontar los costos de funcionamiento, los salarios, el combustible y el mantenimiento de las unidades.
Entre las alternativas se encuentran aumentar los aportes provinciales o municipales, revisar las tarifas y adoptar medidas para reducir gastos operativos.
Sin embargo, el reclamo de FATAP no significa que se haya anunciado un nuevo aumento del boleto de SAETA en Salta. La discusión actual está centrada en los criterios de distribución de los recursos nacionales y en la sostenibilidad económica de los servicios del interior.
El federalismo vuelve al centro del debate
El conflicto por los subsidios reabre una discusión que trasciende al transporte público: cómo se distribuyen los recursos nacionales entre Buenos Aires y las provincias.
Mientras el Gobierno nacional refuerza la asistencia a los servicios metropolitanos, los representantes del transporte del interior reclaman un tratamiento equivalente que tenga en cuenta los costos y las necesidades de cada jurisdicción.
La controversia también plantea una pregunta sobre el alcance del federalismo argentino: ¿cómo garantizar condiciones de acceso al transporte público en todo el país cuando los sistemas reciben niveles de financiamiento tan diferentes?
Por ahora, el reclamo de FATAP suma un nuevo capítulo a la disputa por los fondos nacionales, una discusión que afecta tanto a las empresas como a los gobiernos provinciales y a millones de pasajeros que dependen diariamente del colectivo.

