El proyecto impulsado por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos recibió media sanción y busca reforzar los controles en las unidades de detención de la provincia con respecto a la tenencia y uso de celulares por parte de los internos.
Tras recibir media sanción en senadores, ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
Al respecto, el abogado penalista Marcelo Arancibia recordó a través de FM Profesional que la autorización para el uso de teléfonos celulares surgió durante la pandemia de COVID-19 como una medida excepcional destinada a mantener el vínculo entre los internos y sus familias ante la suspensión de las visitas presenciales.
“Esa circunstancia bajo ningún punto de vista se la puede tener como una regla”, afirmó, al considerar que con el paso del tiempo el espíritu de aquella autorización quedó completamente desvirtuado.
El penalista explicó que esa excepción terminó facilitando la conformación de organizaciones delictivas que operaban desde los establecimientos penitenciarios. “Nacieron estafas, bandas delictivas, amenazas y un verdadero negocio para ingresar teléfonos celulares de manera ilícita. Se montaron verdaderos call centers delictivos desde las cárceles”, sostuvo.
El celular y los delitos desde la cárcel
Arancibia remarcó que existen numerosos antecedentes de delitos coordinados desde los penales, tanto provinciales como federales, mediante el uso de teléfonos móviles. Incluso mencionó casos en los que internos impartían órdenes a menores de edad para cometer hechos delictivos aprovechando su condición de inimputables.
En ese sentido, cuestionó que en muchas ocasiones se incorporan equipamientos o vehículos para distintas dependencias públicas, pero luego faltan insumos básicos para su funcionamiento. Por ello insistió en que la futura legislación deberá ir acompañada de inversiones concretas en tecnología, inhibidores, sistemas de control y equipamiento que permitan evitar que los celulares vuelvan a ingresar a las cárceles y garantizar comunicaciones legales bajo supervisión institucional.
“Esos excesos ya están totalmente comprobados. La política tiene la obligación de modificar las normas para resguardar a la sociedad frente a organizaciones criminales que operaban desde los servicios penitenciarios”, expresó.
También recordó investigaciones realizadas en el Servicio Penitenciario de Salta donde se detectaron presuntas connivencias entre personal penitenciario e internos vinculadas con maniobras delictivas e incluso con causas de narcotráfico.
Comunicación sí, pero bajo control
Si bien apoyó la prohibición de los celulares, Arancibia aclaró que ello no implica impedir el contacto de los internos con sus familiares o abogados.
En ese sentido, propuso reemplazar los teléfonos móviles por cabinas de comunicación controladas, con horarios determinados, límite de tiempo y registro de las conversaciones.
“No prohibimos la comunicación mientras sea de contenido lícito. Lo que no puede existir es la utilización de esos medios para amenazar, extorsionar o dirigir organizaciones delictivas”, sostuvo.
El abogado consideró que el Servicio Penitenciario debe incorporar tecnología que permita registrar las comunicaciones sin afectar los derechos esenciales de las personas privadas de la libertad. “Hablar con un abogado o con la familia sobre cuestiones personales no vulnera ningún derecho si existe un protocolo claro que garantice que esas comunicaciones no sean utilizadas para delinquir”, explicó.
“Que no sea una ley ilusoria”
Finalmente, Arancibia advirtió que la aprobación de la norma no será suficiente si el Estado no destina recursos para hacerla cumplir. “Que no sea una ley ilusoria. Hay que instrumentar todas las cuestiones tecnológicas necesarias”, afirmó.