La provincia de Salta se encamina a la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma legislativa que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y reconfigura de manera profunda el marco de actuación para la Justicia y el sistema de seguridad local.
Este cambio normativo busca dar respuesta a la demanda social de seguridad, pero sitúa a la administración provincial ante el reto de equilibrar la punibilidad con las garantías procesales de los menores de edad.
El proceso de implementación, sin embargo, se desarrolla sobre un escenario complejo. Salta enfrenta severas restricciones estructurales, entre las que destacan la falta de infraestructura edilicia especializada para el alojamiento de adolescentes y el actual estado de sobrecarga en comisarías y alcaidías. A este panorama se suma la urgente necesidad de conformar equipos interdisciplinarios capacitados en contención juvenil y la obligación de abordar de forma integral la problemática de las adicciones, un factor recurrente en las dinámicas de delito que involucran a menores.
Como medida preventiva para mitigar la presión sobre el sistema penitenciario y policial, la provincia dispondrá la ampliación del sistema de monitoreo electrónico. La escala de supervisión pasará de 200 a 600 dispositivos mediante la incorporación de 400 nuevas tobilleras electrónicas, una herramienta orientada a reforzar la modalidad de prisión domiciliaria y evitar la detención efectiva en dependencias que ya se encuentran al límite de su capacidad.
El éxito de la reforma dependerá de la capacidad institucional para aplicar las nuevas reglas de juego sin replicar en la población adolescente las condiciones de hacinamiento que hoy padece el sistema de adultos. Evitar que las falencias logísticas neutralicen los objetivos de rehabilitación e inclusión social constituirá el verdadero test para la Justicia salteña en esta nueva etapa.