El Gobierno de la Provincia de Salta reabrió las negociaciones paritarias 2026, en el marco de un proceso de diálogo que se sostiene desde hace siete años entre el Ejecutivo y los distintos sectores gremiales.
El objetivo, según se informó oficialmente, es avanzar en acuerdos que permitan garantizar el servicio público y definir la mejor forma de distribuir los recursos disponibles en un contexto económico complejo.
Durante el encuentro se expuso la situación económica general de la provincia y cada referente sindical presentó necesidades y propuestas de su sector.
Las partes acordaron volver a reunirse el próximo 19 de este mes para continuar acercando posiciones.
En ese marco, desde el Ejecutivo provincial se ratificó la necesidad de sostener a Salta frente a la crisis mediante medidas concretas, como el otorgamiento de bonos, la asistencia a pequeñas y medianas empresas, la reducción de impuestos, la implementación de planes de pago, el acompañamiento al turismo, el apoyo permanente a los municipios y el sostenimiento de la carrera administrativa del empleado público.
Las autoridades destacaron la importancia de mantener un “Estado presente” que proteja el servicio público y acompañe a la población, especialmente ante la caída de los recursos nacionales.
En términos reales, la Provincia recibe casi un 7% menos de ingresos provenientes de Nación y registra una pérdida equivalente en su poder de compra.
Asimismo, se señaló que el actual modelo económico nacional, definido como de corte ortodoxo, combina una baja de la demanda con desaceleración de la inflación, lo que —según la exposición oficial— genera un escenario de fuerte recesión, con menor intervención estatal, ajustes y una caída en la industria y el empleo.
En los últimos dos años, Salta dejó de percibir 700 mil millones de pesos; de no haberse producido esas reducciones, la provincia contaría hoy con cerca de un billón de pesos adicionales por año.
El impacto social de este contexto también fue abordado en la reunión. Se indicó que siete de cada diez personas presentan problemas de empleo y que la pérdida de puestos de trabajo es la más significativa desde la pandemia.
Además, se advirtió que la denominada reforma laboral operaría, en la práctica, como una reforma impositiva, al proponer la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresarios, tributo que es coparticipable y que incide directamente en los recursos provinciales.
Por último, se informó que, aun sosteniendo el equilibrio fiscal y políticas de reducción de impuestos, Salta perdió 317 pymes en los últimos dos años, en línea con una caída de 18.500 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Desde el Gobierno señalaron que este escenario refuerza la necesidad de profundizar el diálogo paritario y las políticas públicas de acompañamiento al sector productivo. Del encuentro participaron el coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; además de secretarios de Estado y coordinadores de distintas áreas del Ejecutivo provincial.
También estuvieron presentes representantes gremiales de los sectores de Educación, Salud y otras áreas de la administración pública.
Fuente: Nuevo Diario