La creciente presencia y los recurrentes conflictos generados por los denominados "trapitos" en el microcentro y otras zonas de alta afluencia de Salta Capital han puesto nuevamente en el centro del debate público una problemática que conjuga la crisis social, la falta de control estatal y la seguridad vial y ciudadana. La figura del "cuidador de coches" no autorizado, que ofrece u exige el cobro de una tarifa por estacionamiento o limpieza de vehículos, se ha transformado en un dolor de cabeza para conductores, comerciantes y autoridades.
La preocupación aumentó hasta la esfera política esta semana, cuando el intendente Emiliano Durand y el senador Gustavo Carrizo anunciaron la promoción de reformas al Código Contravencional para aplicar sanciones más severas. Entre las propuestas, se baraja la posibilidad de imponer hasta 40 días de arresto efectivo a quienes se encuentren cobrando estacionamiento o realizando tareas de limpieza de vehículos sin la debida autorización municipal. Esta movida busca poner freno a una práctica que, en muchos casos, degenera en extorsión o, peor aún, en hechos de violencia.
El problema de fondo es complejo y multifacético. Si bien es innegable que muchos "trapitos" son personas que, por la falta de oportunidades laborales, ven en esta actividad un último recurso para subsistir, una porción de ellos opera de manera organizada y, en ocasiones, con métodos intimidatorios. Los conductores denuncian a diario la sensación de verso obligado a pagar una suma, a menudo fijada unilateralmente por el "cuidador", bajo la amenaza implícita o explícita de sufrir daños en su vehículo si se niegan. "Ya dejó de ser una colaboración; corre el riesgo de que te vandalicen el auto", relatan algunos damnificados, reflejando el temor generalizado.