El municipio de Aguas Blancas habría sido utilizado para disimular el ingreso y egreso de fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando. Esa es una de las principales acusaciones que la fiscalía federal expuso el martes ante el juez Gustavo Montoya, durante la audiencia en la que se formalizó la investigación contra once personas por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo, en calidad de miembros.
La presentación estuvo a cargo de los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velazco. Participaron también la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi; el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, de la Procunar NOA; Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de la Procunar; y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto, de la Procelac.
“Este caso tiene una gran importancia para todo el país”, sostuvo Villalba. El fiscal atribuyó a Carlos Martínez haber destinado dinero en dólares a la compra de votos para acceder a la intendencia en 2023 y, desde ese cargo, haber ampliado la supuesta estructura criminal.
Contrataciones cuestionadas
Según la acusación, la organización habría recurrido a un entramado societario y a contrataciones municipales que funcionaban como pantallas para dar apariencia legal a fondos ilícitos.
Villalba sostuvo que el grupo habría contado con protección de funcionarios de distintas fuerzas de seguridad. También mencionó resoluciones favorables del entonces juez de Orán Claudio Parisi, posteriormente destituido y cuyo juicio permanece pendiente.
La fiscalía afirmó que las actividades investigadas continuaron después de la salida de Martínez de la intendencia, en septiembre de 2024. Las pesquisas demandaron dos años y el trabajo conjunto de ambas procuradurías y del Ministerio Público Fiscal de Salta.
Circuito financiero
Barbuto detalló el funcionamiento de las empresas que habrían sido creadas o puestas a disposición de la organización. Describió tres etapas del presunto lavado: la colocación de fondos de origen delictivo, su diversificación mediante cuentas y empresas y su posterior retorno al patrimonio de los acusados con apariencia legal.
Las contrataciones de servicios y la adquisición de bienes habrían servido para dar cobertura al dinero ingresado.
Viltes Monier explicó las funciones atribuidas a cada imputado y los elementos con los que la fiscalía sostiene la estabilidad y continuidad de la supuesta asociación ilícita. También mencionó vínculos con otros acusados de la región, entre ellos Cristian Palavecino, condenado en julio de 2025 a 28 años de prisión por diversos delitos.
Además de los familiares de Martínez, fueron imputados Orlando Oris Lovera, Julián Manuel Barreiro, Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.
Riesgos procesales
Los 32 allanamientos se realizaron en Orán, otras localidades cercanas y la capital salteña. Durante los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, otros dispositivos informáticos y documentación contable.
Gamba Cremaschi solicitó peritajes sobre esos elementos y fundamentó el pedido de siete prisiones preventivas en los riesgos de fuga y entorpecimiento, la gravedad y naturaleza de los hechos, la capacidad económica de los imputados y la facilidad para cruzar la frontera. También mencionó numerosos movimientos migratorios, en su mayoría con inconsistencias.
Las defensas se opusieron a las prisiones preventivas, pero Montoya hizo lugar al requerimiento fiscal. Los otros cuatro imputados quedaron en libertad con restricciones, entre ellas la obligación de someterse al proceso, el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y la prohibición de salir del país.
El juez fijó seis meses de investigación y mantuvo el trámite ordinario, sin aceptar el pedido de la fiscalía de declarar compleja la causa.