Un fenómeno que antes era casi inexistente comenzó a crecer con fuerza en Salta: cada vez más personas piden su propia quiebra ante la imposibilidad de pagar deudas.
Según reveló la jueza de Concursos y Quiebras de Segunda Nominación, Dra. Ambrosini, actualmente nueve de cada diez quiebras corresponden a personas físicas y no a empresas.
En diálogo con el programa Sin Vueltas, la magistrada explicó que se trata de personas que, agobiadas por las deudas, encuentran en la ley de quiebras una herramienta legal para intentar salir de una situación económica límite.
“Hoy el 90% de los pedidos de quiebra son de personas humanas”, afirmó la jueza, al detallar que la gran mayoría de los casos corresponde a trabajadores en relación de dependencia que ya no pueden hacer frente a sus compromisos financieros.
Deudas que se vuelven impagables
De acuerdo con la magistrada, el problema suele comenzar con deudas pequeñas de tarjetas de crédito que luego se transforman en un círculo difícil de romper. Muchas personas toman préstamos para cancelar la tarjeta, pero después deben afrontar nuevas cuotas y terminan solicitando otros créditos.
“Hay personas que ganan un millón de pesos y deben 20 millones. No es que les prestaron todo de una vez, sino que fueron acumulando préstamos para pagar otras deudas”, explicó.
En muchos casos, los descuentos automáticos que realizan bancos y financieras dejan al trabajador sin salario disponible al momento de cobrar, lo que termina empujando a la persona a solicitar su propia quiebra.
“Hoy el 90% de los pedidos de quiebra son de personas humanas”, afirmó la jueza, al detallar que la gran mayoría de los casos corresponde a trabajadores en relación de dependencia que ya no pueden hacer frente a sus compromisos financieros.
Deudas que se vuelven impagables
De acuerdo con la magistrada, el problema suele comenzar con deudas pequeñas de tarjetas de crédito que luego se transforman en un círculo difícil de romper. Muchas personas toman préstamos para cancelar la tarjeta, pero después deben afrontar nuevas cuotas y terminan solicitando otros créditos.
“Hay personas que ganan un millón de pesos y deben 20 millones. No es que les prestaron todo de una vez, sino que fueron acumulando préstamos para pagar otras deudas”, explicó.
En muchos casos, los descuentos automáticos que realizan bancos y financieras dejan al trabajador sin salario disponible al momento de cobrar, lo que termina empujando a la persona a solicitar su propia quiebra.
Un fenómeno que no para de crecer
Las estadísticas judiciales reflejan el crecimiento del problema. En el juzgado de Ambrosini, en 2024 se registraron 22 pedidos de quiebra voluntaria, mientras que en 2025 el número saltó a 165. Si se suman los dos juzgados del distrito centro, el año pasado se alcanzaron unos 300 pedidos.
Pero la tendencia continúa en aumento. En lo que va de 2026, hasta el 10 de marzo, ya ingresaron 41 solicitudes, lo que incluso supera el total registrado durante todo 2024.
“Todo indica que este año vamos a superar ampliamente los números del año pasado”, advirtió la jueza.
Quiénes piden la quiebra
Según explicó, existe un perfil que se repite en la mayoría de los casos: personas de entre 30 y 40 años, con empleo formal y sin bienes registrables a su nombre.
En 2025, gran parte de los pedidos provinieron de policías de la provincia, aunque también comenzaron a aparecer solicitudes de docentes, trabajadores de salud y empleados del sector privado.
Qué pasa cuando alguien se declara en quiebra
Cuando una persona solicita su propia quiebra y el juez la declara, se suspenden las retenciones que bancos o financieras realizan sobre el sueldo. Sin embargo, el juzgado ordena embargar el 20% del salario durante un año.
De esta manera, el trabajador recupera el 80% de su ingreso, mientras que el porcentaje retenido se utiliza para cubrir gastos judiciales y repartir entre los acreedores.
Una vez finalizado el proceso, que suele durar entre dos y tres años, las deudas que quedaron impagas ya no pueden ser ejecutadas judicialmente.
Un sistema que no fue pensado para esto
Ambrosini remarcó que la ley de quiebras vigente tiene más de 30 años y fue creada para resolver la insolvencia de empresas, no la de consumidores.
Por eso, advirtió que el crecimiento de este fenómeno demuestra la necesidad de actualizar la legislación.
“Se impone una reforma legislativa urgente para los consumidores sobreendeudados. La ley actual no fue pensada para estos casos”, sostuvo.