El organismo afirmó que ningún prestador puede trasladar aumentos a los beneficiarios y anunció multas, exclusiones del padrón y reintegros para los afiliados.
El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) anunció que sancionará a los bioquímicos y demás prestadores que cobren sumas adicionales a los afiliados por fuera de los valores acordados con la obra social.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.º 0110-D/2026, que estableció un régimen de sanciones para quienes exijan pagos no autorizados.
La medida profundiza el conflicto entre el organismo y la Asociación Bioquímica de Salta, luego de que se conocieran anuncios sobre aumentos que serían trasladados directamente a los beneficiarios.
Qué sanciones puede aplicar el IPS
El organismo advirtió que los profesionales que realicen cobros indebidos podrán ser sancionados incluso con la cancelación de su inscripción en el Registro de Prestadores del IPS.
También indicó que la Asociación Bioquímica de Salta podrá recibir sanciones económicas si se comprueba que impulsó o avaló cobros por fuera de los convenios vigentes.
La obra social sostuvo que ningún prestador está autorizado a cobrar unilateralmente diferencias arancelarias ni a exigir pagos que no hayan sido acordados previamente.
El conflicto por los aranceles
La disputa se originó por diferencias entre los valores pretendidos por los bioquímicos y los montos reconocidos por el IPS.
Desde el organismo provincial señalaron que trasladar esas diferencias a los afiliados vulnera sus derechos y condiciona el acceso a la salud.
La resolución busca evitar que el conflicto entre prestadores y la obra social termine siendo financiado por los beneficiarios mediante pagos adicionales.
Qué cambia para los afiliados
A partir de la medida, cualquier cobro por fuera del valor autorizado podrá ser denunciado ante el IPS.
El afiliado deberá conservar la factura o comprobante del pago, ya que ese documento será clave para iniciar el reclamo y acreditar la existencia del cobro indebido.
El organismo anticipó que ejercerá acciones administrativas y legales cuando detecte incumplimientos de los convenios.