En el marco de las negociaciones paritarias que lleva adelante Provincia con los gremios, el diputado provincial Luis Albeza en diálogo con InformateSalta advirtió sobre el difícil contexto que enfrentan los gobiernos locales a raíz del recorte de fondos nacionales, la paralización de la obra pública y la caída de la actividad económica.
En la oportunidad, explicó que el escenario no es propio de Salta, sino parte de una situación nacional mucho más compleja. “Misiones tuvo protestas de policías y docentes; Santa Cruz y La Pampa congelaron paritarias; Catamarca y San Juan no pudieron incluir cláusulas gatillo ni ajustes por inflación; y en Jujuy ni siquiera lograron cerrar acuerdo con los docentes”, enumeró.
Si bien reconoció la legitimidad de los reclamos gremiales, alertó que las provincias, altamente dependientes de los fondos nacionales, están “prácticamente al borde de la quiebra”. “Hoy para las provincias hacer frente a las paritarias, es realmente una complicación”, dijo.
En ese contexto, destacó que Salta ofreció casi el triple de lo que están cerrando los gremios nacionales del sector privado”, aunque reconoció que, aun así, el monto no alcanza a cubrir las necesidades de los trabajadores. “Queda la sensación que el gobierno provincial no quiere pagar más, y me parece a mí que no puede pagar más”, dijo.
En ese sentido, planteó la necesidad de encontrar una fórmula que vincule directamente los salarios provinciales con el nivel de recursos transferidos por Nación. “Debería existir alguna herramienta que permita asignar responsabilidad también al Gobierno nacional respecto al monto de las transferencias”, señaló.
Asimismo, cuestionó con dureza a Nación por presumir un supuesto superávit fiscal, al tiempo que las provincias atraviesan una situación económica crítica. “Es un absurdo y una provocación que se hable de equilibrio fiscal en un contexto de fuerte recesión, caída de la actividad y un marcado deterioro del aparato productivo”, afirmó.
Por último, enfatizó que es indispensable que el Estado nacional asuma un compromiso mayor para aliviar la presión financiera sobre las provincias y promover una política económica orientada al crecimiento y a la mejora del salario real de los trabajadores.
