Las dos acusadas quedaron inhabilitadas a ejercer cargos públicos y deberán resarcir económicamente a una de las víctimas. Aún queda una implicada a la espera de ser sometida a un juicio oral y público
Después de que fueran sometidas a un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta les impuso penas de 2 años de prisión en suspenso para ambas. Además, deberán otorgarle una reparación económica de 2,6 millones de pesos en favor de una de las víctimas.
También quedaron inhabilitadas para poder ejercer cargos públicos. En el caso de la ex directora de Asuntos de la Mujer y Diversidad será de forma perpetua, mientras que Domínguez deberá esperar un plazo de 20 años para poder volver a cumplir funciones.
En línea con esto, la jueza María Alejandra Cataldi subrayó la gravedad del delito, ya que la “Dirección de Género estaba dirigida a un programa de mucha repercusión”, cuyo objetivo era combatir la violencia de género tanto hacia mujeres como hacia personas LGBTI+.
Por otro lado, la magistrada fundamentó su decisión al afirmar: “Tenemos probada la acción realizada por Cordero Soria en calidad de directora de Género y de Domínguez como parte de dicha dirección”. Asimismo, apuntó que Tomás Hurtado, hijo de la empleada estatal, había sido un partícipe necesario, en el rol de controlar las transferencias que se realizaban.
En el mismo fallo, la magistrada convalidó la suspensión de juicio a prueba por 18 meses para el joven, tras haber acordado el pago de 1,5 millón de pesos a la misma víctima. Según la información publicada por el sitio Fiscales, el acusado también asumió un compromiso adicional de pagar 300.000 pesos en seis cuotas mensuales para el Santuario “Virgen de la Peña” y la Asociación Fray Domingo Migliori.
Por último, Hurtado aceptó realizar un total de 20 horas mensuales de tareas comunitarias durante 12 meses en la institución religiosa. De esta manera, se espera que cumpla con tareas relacionadas con la limpieza, mantenimiento y del tipo que se requieran.
En este sentido, la jueza consideró adecuado este beneficio para Hurtado, al señalar que “se trata de un joven sin antecedentes”. Y añadió: “Quizás pueda orientarse en este sentido con las actividades a realizar en el santuario bajo la dirección de un sacerdote; es una oportunidad que no puede desperdiciarse, y esto se lo dije no solo como jueza, sino también como persona que se dirige a un joven en contexto de un conflicto penal, que puede evitar reiterar a futuro”.
En la misma causa hubo una cuarta implicada, Celeste Abigail Robles, quien también se desempeñaba como empleada en la misma oficina. Sin embargo, todavía no fue juzgada, debido a que la jueza Cataldi dispuso que enfrente un juicio oral y público.
Así se descubrieron las extorsiones sufridas por beneficiarias
La investigación se inició luego de que se recibieran varias denuncias que dejaron al descubierto cómo era la maniobra empleada. La primera fue presentada por una beneficiaria el 17 de noviembre de 2022, seguida por otra mujer que solicitó reserva de identidad. Al reclamo también se sumaron concejales de Tartagal y una diputada nacional por Salta, además de actuaciones preliminares derivadas de la cobertura de medios locales y redes sociales.
Por medio del análisis de transferencias bancarias y la colaboración de entidades como la ex AFIP y el Banco Central evidenciaron que “existieron diferentes sumas de dinero transferidas desde beneficiarios del programa periódicamente a diferentes cuentas bancarias relacionadas con las funcionarias imputadas y a Hurtado”.
Según reconstruyeron las autoridades, la modalidad delictiva consistía en exigir 10.000 pesos a las beneficiarias como condición para acceder al programa federal, sin importar si cumplían los requisitos objetivos. Si alguna de ellas dejaba de entregar el pago, se le daba de baja el plan mediante la alteración de sus datos en el sistema, impidiéndole el cobro.
De la misma forma, la acusación detalló que Hurtado facilitaba su cuenta bancaria para canalizar los pagos ilegales y ofrecía el acceso al programa a personas de su entorno a cambio de un porcentaje. Incluso, llegó a recibir dinero en efectivo producto de las extorsiones.
Tras reunirse todas las pruebas necesarias, el titular de la Sede Descentralizada de Orán, Marcos Romero, presentó los acuerdos de juicio abreviado y de suspensión de juicio a prueba. De esta manera, el 14 de agosto, el fiscal ratificó la acusación penal contra las cuatro personas implicadas, lo que llevó a las defensas a buscar una resolución alternativa conforme al Código Procesal Penal Federal.
Por último, la jueza Cataldi destacó la responsabilidad del Estado nacional al recordar los compromisos asumidos al firmar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ambas con jerarquía constitucional. “Tenemos obligación de tutelar los derechos de las mujeres, que no significa siempre fallar a favor, sino tutelarlos en los distintos ámbitos en que se ejercen”, sostuvo.