La investigación de UFINAR comenzó a partir de denuncias anónimas y permitió acreditar que en el domicilio funcionaba una boca de venta de estupefacientes. Dos allanamientos posibilitaron el secuestro de más de 350 dosis de cocaína y otros elementos vinculados a la comercialización.
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia en la que Sergio David Alluza fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Verónica Beatriz Alluza y Silvia Liliana Alluza recibieron una pena de cuatro años de prisión efectiva.
Tras conocer las pruebas reunidas durante la investigación, los tres imputados reconocieron su responsabilidad en el delito de comercialización de estupefacientes, lo que permitió arribar a un acuerdo de juicio abreviado. La jueza Mónica Alejandra Mukdsi homologó el acuerdo.
La investigación de la UFINAR inició a partir de denuncias anónimas realizadas en la pestaña de denuncias de la web del Ministerio Público Fiscal en las que señalaban la venta de drogas por parte de integrantes de la familia Alluza en una vivienda del barrio Castañares. A partir de ello, el fiscal Torres Rubelt dispuso una investigación a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DGDP) de la Policía de Salta.
Los efectivos identificaron a los sospechosos y establecieron que Verónica Beatriz Alluza registraba antecedentes por infracción a la Ley 23.737 y se encontraba en libertad condicional desde noviembre de 2024, mientras que Sergio David Alluza también contaba con antecedentes por el mismo delito, con detenciones previas en 2013 y 2025.
Las tareas de vigilancia permitieron registrar en reiteradas oportunidades intercambios de dinero por pequeños envoltorios entre los acusados y personas que llegaban al domicilio. En varios de esos casos, los compradores fueron demorados al retirarse del lugar y se constató que llevaban envoltorios con pasta base.
También se comprobó que los integrantes del grupo familiar permanecían la mayor parte del tiempo en la vivienda y no registraban actividades laborales formales.
Los controles de comprador y las filmaciones incorporadas a la investigación confirmaron que en el inmueble funcionaba una boca de expendio de drogas, con circulación constante de personas durante distintos horarios del día.
Con esos elementos, la Fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda, realizado el 11 de noviembre de 2025. En el procedimiento se secuestraron más de 350 dosis de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celulares. En esa oportunidad fueron detenidos Sergio David Alluza y Verónica Beatriz Alluza.
A partir de nuevos elementos reunidos en la causa, se concretó un segundo allanamiento el 27 de diciembre de 2025, donde se secuestraron más dosis de cocaína y fue detenida Silvia Liliana Alluza.
Las filmaciones, los testimonios, los procedimientos con compradores y el material secuestrado permitieron sostener la acusación por comercialización de estupefacientes atribuida a los tres condenados.
Información de Fiscales Penales