La acción colectiva fue promovida por Protectora, ONG de consumidores. En un juicio sumarísimo se dirimirán pesados reclamos indemnizatorios.
La asociación civil de defensa del consumidor Protectora presentó una demanda colectiva contra Edesa en la que pidió a la Justicia salteña que declare como práctica abusiva, ilegal e ilegítima el devengamiento, percepción y cobro de intereses moratorios y punitorios facturados a usuarios no residenciales del servicio eléctrico (comercios, pymes e industrias) y que, según se desprende de algunas constancias documentales, se habrían aplicado al menos desde 2009 hasta 2020 en violación del tope legal establecido en el artículo 31 de la ley 24240 de defensa del consumidor.